Supongamos… La agenda de los medios y la intimidad de las personas

enero 15, 2009

supongamos1501092Suponga que usted tiene una zanellita, una moto, para hacer changas, o no, para pasear. En realidad no importa para qué. Suponga que con cierta imprudencia usted no está usando el casco, como es obligación en la ciudad de Buenos Aires para circular. Y en una esquina, a lo lejos, distingue una especie de multitud, y más de cerca ve claramente que es un operativo policial con gran cobertura periodística.

Los medios “nacionales”, como todos sabemos, en realidad son de la ciudad de Buenos Aires. Transmiten desde allá, claro está, porque es la capital de la Republica Argentina y es un centro informativo muy importante porque allí está la Casa Rosada, el Congreso, la Corte Suprema, etc, etc. Pero como en toda ciudad también pasan cosas “locales”. ¿Usted vio por algún canal “nacional” la cobertura en vivo y en directo desde un operativo de transito, por ejemplo, en Santiago del Estero, Salta o Catamarca? ¿Es que solo hay zorros grises en Capital? No, sucede que los estos medios masivos tienen sus cedes centrales en la capital del país y en otras ciudades apenas si tienen algún informante o corresponsal, o (si pasa algo muy importante como un asesinato, una gran tragedia o una elección) envían a un periodista desde Buenos Aires.

A nadie le interesa si en Añatuya secuestran 5 motos porque no cumplían con la ordenanza que regula el transito, salvo quizás a los vecinos de esa ciudad santiagueña. Tampoco importa mucho si sucede en la ciudad de Bueno Aires, con la diferencia que allí hay algunos millones más de personas. Más allá de esta distancia, ¿es más importante un operativo en el que secuestran motos a los imprudentes conductores que, por ejemplo, una huelga de hambre de 300 personas en Jujuy?

Sigamos con la suposición inicial. Supongamos que usted es uno de esos imprudentes conductores y se encuentra en medio de ese escenario: Lo detienen en el operativo, entre 5 y 10 cámaras apuntan a su cabeza, y otra decena de individuos le preguntan cosas acercándole teléfonos y grabadores. Aceptemoslo, si esta suposición fuera cierta usted estaría realmente siendo imprudente, no nos vamos a engañar. Ahora… ¿Eso justifica que ante la “opinión pública” su imagen se proyecte más allá de lo que hubiera imaginado y querido, más aun cuando es algo tan negativo? Usted no es un violador de chicos, ni narcotraficante, es un triste infractor, pero todos esos micrófonos le dicen cómo se debe conducir, le recuerdan que alguien podría morir por su actitud, que es un inconciente, y le imputan las irresponsabilidades de la “ola de muertos en accidentes de transito.

“7 canales para cubrir esto”, fue la razonable reacción de un motoquero que viajaba con su pareja sin casco. A golpe de vista se podía ver a Crónica, TN, Canal 26, C5N, alguien de Telefe, y al menos 10 medios más con herramientas menos aparatosas que la TV, como son celulares y grabadores de radio, medios gráficos y agencias de noticias. ¿Qué casualidad, no?

En cadena nacional ese motoquero quedó escrachado, y fue juzgado en ese momento no por el Juez de Faltas que debería establecer una multa o algo por el estilo. No. Ese motoquero fue juzgado por los 20 medios de comunicación que lo asediaban, y por la audiencia de esos medios. De casualidad ese hombre no fue tapa de Clarín al día siguiente.

Es verdad, el hombre cometió una infracción. ¿Pero no tiene derecho a la intimidad? ¿No puede decidir que no se lo filme, que no se lo transmita? ¿No puede alguien que camino a Mar del Plata es detenido para un control de alcoholemia decidir si quiere soplar ante las cámaras? ¿Se preguntó alguna vez qué pasaría si esta suposición se hiciera realidad?

Por Ernesto Rega

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La madre de todas las deudas

diciembre 11, 2008

El debate sobre el proyecto de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que debería sustituir el decreto-ley dictado por la dictadura y que, con reformas posteriores, sigue rigiendo la comunicación, se sigue postergando. Mientras tanto, continúan las críticas al manejo que los intereses económicos y políticos hacen del sistema masivo de medios.

Por Ernesto Rega *

La información que recibimos y que utilizamos para formar opinión –no es novedad– está mediada por los medios de comunicación. El 2008 estuvo plagado de temas de importancia nacional que suscitaron la atención de toda la población por las repercusiones mediatas e inmediatas que pudieran tener. ¿Pero qué hubiera pasado si esos temas tan candentes se hubieran tratado a la luz de una nueva ley de radiodifusión?

Quien fuera el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) hasta principios de este año sostenía públicamente que por la cantidad de modificaciones que tenía el decreto-ley de radiodifusión ya no era “de la dictadura”. El decreto-ley 22.285/80, firmado por Jorge Videla y todo su gabinete, fue modificado en democracia decenas de veces y paradójicamente en cada una de ellas se profundizaba aún más su condición de decreto de la dictadura. La norma se adaptó así a la dictadura del mercado, permitiendo los monopolios, el ingreso de capitales extranjeros, la propiedad cruzada de medios y la posibilidad de un gran negocio a costa de lo que debería ser un servicio público.
“En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”, comienza la norma de radio y televisión vigente. Las modificaciones que tuvo el decreto-ley en democracia no cambiaron el espíritu de la Doctrina de la Seguridad Nacional que todavía expresa en el art. 7.: “Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional”. La norma establece también que el organismo de control, el Comfer, debe estar integrado por un representante de cada una de las Fuerzas Armadas y señala que un representante de la SIDE forma parte de una “Comisión asesora”. Desde la vuelta de la democracia, hace 25 años, ese organismo está intervenido y es el presidente de la Nación quien designa a su titular. Gabriel Mariotto, el actual interventor, declaró públicamente su voluntad de ser el último interventor.
¿Cuántas batallas ganaría el país con una comunicación democrática? Con un sistema de medios en el que existan muchas voces, en el que coexistan en equilibrio medios comerciales, estatales no gubernamentales y medios sin fines de lucro, que una persona o grupo no pueda tener los medios de comunicación que lleguen al ochenta por ciento de la población, con una ley que entienda a la comunicación como un derecho y no como un negocio. Hasta la declaración de inconstitucionalidad del art. 45 del decreto-ley las entidades sin fines de lucro no podían acceder a licencias de radio y televisión.
En abril de este año el Gobierno sorprendió cuando se reunió con las organizaciones de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y anunció que se iba a impulsar una ley que reemplazara al decreto-ley 22.285 de la dictadura. La expectativa de muchas organizaciones y comunicadores que luchan hace años por un nuevo modelo de comunicación crecía. Más aún, cuando desde el propio Gobierno se aseguraba (y todavía lo hace) que los “21 Puntos por el Derecho a la Comunicación” presentados en 2004 iban a ser la columna del proyecto oficial. “En junio ingresa al Congreso”, se prometió extraoficialmente cuando el conflicto con la patronal del campo estaba en su punto más candente. “El 9 de julio se anuncia”, trascendió después. “En agosto”, dijeron cuando las retenciones a las exportaciones no eran el problema principal. “Antes de fin de año”, aventuraron más tarde. Pasaron la derogación de la Resolución 125, la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, la “movilidad jubilatoria”, la eliminación de las AFJP y la Ley de Radiodifusión sigue siendo una deuda. ¿No se podían haber discutido mejor todos esos temas, de importancia para el país, con una ley de radiodifusión plural y democrática?
Hace semanas la Coalición por una Radiodifusión Democrática volvió a reclamarle a la Presidenta que cumpliera con el compromiso de presentar el proyecto de Ley de Radiodifusión o de Servicios de Comunicaciones Audiovisual, evaluó la posibilidad de presentar un proyecto propio si la iniciativa oficial no ingresaba al Congreso y acordó impugnar cualquier avance en la norma para la Televisión Digital hasta la vigencia de una nueva ley. La Ley de Radiodifusión es “la madre de todas las batallas”, declaró el interventor del Comfer en reiteradas entrevistas. La Ley de Radiodifusión es una de las deudas más importantes de la democracia. Y por eso hoy la información sigue siendo una mercancía.
* Miembro de Radio Ahijuna, y productor del Foro Argentino de Radios Comunitarias.

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